El contexto histórico era
violento. El movimiento obrero hacía sentir sus demandas contra las políticas
liberales que beneficiaban a los grandes capitales y contra el fraude
electoral, en este caso liderado por la Unión Cívica Radical. Esto es reprimido por el
gobierno de Quintana, pero la tensión social crece, e incluso el presidente
sufre un atentado fallido por parte de un militante anarquista.
Ante estos hechos, el liberal
modernista Manuel Láinez intenta democratizar el sistema. Sostiene que el
crecimiento del país y su orden dependen de la inversión educativa para lograr
educar en la unión nacional, con identidad patriótica, para detener el
movimiento socialista y anarquista a través de la alfabetización y no de la
violencia. También se incluye la capacitación docente, todo con fondos
nacionales.
La idea era establecer escuelas
nacionales en territorios provinciales para alfabetizar masivamente e impedir
la inmigración hacia la capital.
La ley pronto hizo sentir sus
efectos. De 28.152 alumnos que se registraban en 1906, se pasó a contar con
325.000, treinta años más tarde. En 1906 se fundaron 438 escuelas Láinez, un 11
% del total de las escuelas. La población colaboró donando terrenos y
levantando paredes. Hacia 1930 el 30 % de las escuelas estaban bajo la órbita
nacional, mostrando mucha mayor calidad educativa que la que brindaban las
escuelas provinciales.
La crítica a la ley se basó en
atentar contra el federalismo provincial, desconociendo las particularidades de
cada región, establecido por la Constitución Nacional.
A partir de la Revolución Libertadora
de 1955, el gobierno militar, aceptando las propuestas del FMI y del Banco
Mundial, retrae el rol del Estado en materia educativa para controlar los
gastos públicos y comienza la transferencia de las escuelas nacionales al
ámbito provincial.
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